La residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, ha dejado
de ser el remanso de paz al que Pedro Sánchez se retira cada verano. Este
agosto, mientras el presidente disfruta de casi un mes de vacaciones con su
familia –esposa, hijas y padres– en el complejo de Patrimonio Nacional, la
tensión ha estallado de forma pública y reveladora.
El contexto no es menor. Sánchez aterrizó en Lanzarote tras
visitar Ceuta, donde a finales de julio se produjo una entrada masiva de
decenas de miles de personas desde Marruecos, con decenas de fallecidos y un
colapso temporal del control fronterizo. Mientras la ciudad autónoma aún lidia
con las secuelas y la presión migratoria, el presidente y los suyos se aíslan
en La Mareta, con refuerzos de seguridad, zona de exclusión marítima y un gasto
público elevado en manutención y dispositivos.
A esto se suma la corrupción familiar que no da tregua. El
14 de julio, la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del
presidente, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa: el
tribunal consideró que se creó un puesto “a medida” y “carente de contenido
real” en la Diputación de Badajoz para favorecerle. La sentencia no es firme,
pero es un varapalo histórico. Paralelamente, Begoña Gómez se enfrenta a un
inminente juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación,
tras el aval de la Audiencia de Madrid. El proceso avanza y podría celebrarse en
2027.La reacción de la madre y la hija no es casual. Es el síntoma de una
Moncloa desbordada: la crisis de Ceuta pone en evidencia fallos de previsión,
mientras los escándalos familiares erosionan la credibilidad del presidente.
Sánchez no puede más. La tensión ya no se contiene ni en el paraíso canario.
Cuando el círculo íntimo sale a increpar a periodistas, el mensaje es claro: el
desgaste es total.
